El descaro de nuestra ralea política no tiene parangón. Me refiero, por ejemplo, a la reinstalación como vocal de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Cámara Civil, de la magistrada Blanca Stalling. Un hecho bochornoso que dibuja a cuerpo entero la inmoralidad de nuestros políticos que se burlan por enésima vez de la ciudadanía guatemalteca.
Y si lo anterior no fuera suficientemente vergonzoso, lo es sin duda la noticia de que pese a que no labora desde 2017, el Organismo Judicial pagará Q5.7 millones a la burócrata de dudosa reputación que ha contado para el éxito en su picardía con el contubernio de un sistema de justicia corrupto, gestionado también por operadores tenebrosos.
Vivimos en tiempos de vacas flacas en materia de justicia, pero no solo. Estas son épocas también para el delito en circunstancias en que el Estado ha cerrado filas para lo permisible. Así, mientras los guatemaltecos intentan sobrevivir a la crisis económica, el desempleo y las enfermedades, los agentes políticos aprovechan la situación para robar a manos llenas, sin pensar en las consecuencias que involucran la vida y la esperanza de la ciudadanía.
Quizá nunca como hoy se ha llegado a la desvergüenza en grado supremo, esa en la que los autores airean sus atracos frente a las cámaras de televisión y propalan sus fechorías con ánimos actorales, figurándose audaces en su deseo por ser iconos contemporáneos. Porque en el fondo son niñatos poseídos por voluntad de notoriedad, actorzuelos de pacotilla encarnando escenas secundarias, casi como relleno en nuestros deplorables escenarios.
Ignoran su baja catadura o se ahorran la molestia del reconocimiento. Así, su desparpajo es nauseabundo, aunque la perfumen con retórica o la encubran con campañas que disimulen su fetidez. Tontuelos como son, creen sus embustes apoyados convenientemente por los rastreros autofinanciados para laudar sus oídos. Esa audición maltrecha que los incapacita para notas que no sean las de la zalamería y la propensión a la maldad: el delito, la egolatría y la soberbia.
Causa asombro que toleremos lo de Blanca Aída Stalling Dávila. Como lo es también el que un ex viceministro de Gobernación, Elizondo López Flores, esté tras el negocio del sistema de conteo de votos, un contrato que podría superar los Q600 millones. Y no menos absurdo que el Tribunal Supremo Electoral evada la ley para compras por Q15 millones.
Cuán normalizado se va convirtiendo la desfachatez, el descaro, la desvergüenza y el asalto a plena luz del día.
El Rincón de Blandón 